La acción de tutela procede para la protección de datos personales, así no se agote el requisito de procedibilidad.

A partir de la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2012, ambas en materia de protección de datos personales, establece para que una persona eleve una queja en materia de protección de datos  ante la Superintendencia de Industria y comercio,-SIC- primero, tiene que hacer la respectiva consulta o reclamo ante el responsable o el encargado del Tratamiento de Datos Personales para que la  queja ante SIC pueda proceder. Posteriormente, si estos mecanismos no son efectivos, la persona tiene como mecanismo la acción de tutela para proteger su derecho.

En Sentencia T-036 de 2016, la Corte Constitucional, resuelve un caso donde una persona  en el 2012, le solicita a la Procuraduría General de la Nacional, eliminar un registro de antecedentes disciplinarios que aparece contra en contra suya,  y que no corresponden a realidad. Sin embargo, esta entidad nunca dío respuesta al ciudadano, vulnerando sus derechos fundamentales de habeas data, entre otros.

No obstante, este ciudadano, tampoco agotó el requisito de procedibilidad ante la SIC, toda vez que esta entidad resuelve violaciones al derecho de habeas data de entidades privadas, no públicas, la entidad encargada de resolver las quejas de violacion por este derecho, en el sector público, es la Procuraduría General de la Nacional, la misma, que estaba violando sus derechos fundamentales y que además no puede investigarse a si misma.

Por lo tanto, la Corte Constitucional considera que la aplicación del mecanismo administrativo previsto en la Ley 1581 de 2012, para obtener protección del derecho al hábeas data del accionante no resulta idóneo ni eficaz, toda vez que  “la norma prevé que en caso de que quien presuntamente haya vulnerado este derecho sea una autoridad pública, la investigación deberá adelantarse por la Procuraduría General de la Nación, y no previó que aquella entidad también es responsable del tratamiento de datos que figuran en la base en la que reposan los antecedentes disciplinarios de los ciudadanos”

La Corte establece, que el legislador no tuvo en cuenta que se podía presentar la vulneración del derecho al hábeas data por parte de la Procuraduría,

“por lo que en este caso el accionante no cuenta con un mecanismo que le permita garantizar tal prerrogativa pues, de un lado, la Delegatura para la Protección de Datos Personales no es competente para investigar la transgresión del derecho por parte de una autoridad pública y, de otro, la Procuraduría General de la Nación, quien en principio sería la responsable para el efecto, no puede investigarse a sí misma”

Como conclusión tenemos que:

  1. Cuando la Procuraduría General de la Nación, sea quien viole el derecho al habeas data de un ciudadano, éste, no tiene que agotar ningún requisito de procedibilidad, y puede acudir directamente a la acción de tutela, toda vez que,
  2. La ley 1581 de 2012, no establecío mecanismo alguno, en caso de que la Procuduría fuera quien violara el derecho al habeas data de los ciudadanos, y esta entidad por si misma, no se puede investigar.

 

T 036-16 by Datos Personales

Autor: Heidy Balanta

Abogada. Especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías

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